EL PROCESO ELECTORAL Y LO QUE NO SE PODRÁ HACER EN MATERIA DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, LOS DELITOS ELECTORALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DELITOS ELECTORALES.


El proceso federal electoral intermedio y los procesos electorales estatales que darán curso en 2014-2015, dieron inicio el 7 de octubre pasado. Con el dieron inicio también diversos ordenamientos legales que regularán la difusión de la propaganda gubernamental y otros: artículos 39, 40, 41, párrafo primero y segundo, base III, apartado C, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los numerales 2, párrafo 2, 237, párrafo 4, y 347 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ordenamientos legales que dan fin de salvaguardar los principios de imparcialidad, equidad, y transparencia a la contienda electoral, a la difusión de propaganda gubernamental que realicen en los medios de comunicación social, los poderes públicos federales, estatales o municipales, los órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y, en general, todos los servidores, funcionarios y entes públicos, se encuentra limitada por razones de contenido y temporalidad.

No puede difundirse en el entorno de un proceso electoral, durante los periodos que comprende las etapas de precampaña, campaña electoral, y en los tres días previos al de la elección y hasta el final de la Jornada Electoral, salvo en los casos previstos expresamente en el artículo 41, base III apartado C, en materia de propaganda política que difundan los partidos políticos y sus candidatos.

Delitos electorales que pueden cometer los servidores públicos

El Código Penal Federal, en sus cuatro fracciones del artículo 407, contempla una sanción económica de doscientos a cuatrocientos días de multa y prisión de uno a nueve años a los servidores públicos en los siguientes casos.

·         Obligar a los subordinados de manera verbal o por escrito a votar por un candidato o partido políticos determinados.

·         Condicionar algún servicio que prestan las instituciones de la Administración Pública Federal (permisos, autorizaciones, concesiones, etcétera), para que los ciudadanos voten por un candidato o partido político determinado.

·         Condicionar el cumplimiento de programas sociales del gobierno federal para apoyar a un candidato o partido político determinado.

·         Abusar del cargo de servidor público para destinar de manera ilegal dinero bajo su responsabilidad para el apoyo de un candidato o partido político determinado.

·         Autorizar la utilización de vehículos (propiedad de la Federación o en contrato de arrendamiento), para uso distinto al que fueron adquiridos: por ejemplo pegar o transportar propaganda electoral, traslado de votantes para apoyar a un candidato o partido político determinado.

·         Usar los inmuebles propiedad de la Federación o rentados por esta, para fines políticos electorales: por ejemplo, permitir que dentro de las escuelas, oficinas, hospitales y demás instalaciones de edificios públicos, se realicen actos de proselitismo (pegar propaganda política, regalar playeras, gorras, plumas), para apoyar a un candidato o partido político determinado.

·         Proporcionar, usar máquinas y equipo (como computadoras, máquinas de escribir, copiadoras, impresoras, aparatos electrónicos, de video y de sonido, faxes, fotocopiadoras, teléfonos, radios, internet y otros servicios de red), para apoyar a un candidato o partido político determinado.

·         Instruir a sus subordinados par que en los tiempos en que deben estar en su horas de trabajo, apoyen o presten algún servicio a un candidato o partido político determinado (como asistir a actos de campaña, hacer trabajos preparatorios al acto proselitista, enviarlos a trabajar a las oficinas del candidato o partido político determinado).

 

Delitos Electorales

·         Solicitar votos por paga, dádiva u otras recompensas.

·         Condicionar programas sociales a cambio de tu voto.

·         Proporcionar información falsa al INE al tramitar la credencial de elector.

·         Utilizar recursos públicos para apoyar a un partido político o candidatos.

·         Recoger credenciales para votar de los ciudadanos.

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