LOS DERECHOS ACORDADOS NO SE NEGOCIAN
En
el Siposium “Reforma a la Justicia Penal”, organizado por el Instituto Belisario
Domínguez del Senado de la República, el Centro de Investigación para el
Desarrollo, A.C., SIDAC, y, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, USAID, en el auditorio Octavio Paz, del Senado de la República,
el SIDAC, en su estudio de evolución en la implementación y operación de la
reforma constitucional en materia de justicia penal hasta 2015, establece que
después del 18 de junio de 2008 que se publicó la reforma constitucional en
materia penal y de seguridad pública y, que se implementará a partir del 18 de
junio de 2016, planea los riesgos y área de impacto y desafíos que tendrá:
·
Qué las OI,
Órganos Implementadores, su información ha sido heterogénea y no existe
información clara respecto a los mecanismos que han utilizado ni sus principales
resultados.
·
Que las OI, no
han diseñado políticas públicas claras y efectivas de coordinación
institucional, lo que impactará negativamente en la operación y resultados del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en muchas entidades federativas.
·
Qué hasta 2015
no existe en alguna entidad federativa un sistema consolidado, que permita
contar con una panorámica del proceso de implementación ni aporte una visión
integral de la procuración y administración de justicia.
·
Qué a nivel
nacional aún hay una enorme disparidad entre los recursos técnicos y humanos de
las instituciones operadoras y entre entidades federativas.
·
Qué a partir de
la publicación de la reforma, las entidades federativas tardaron en la
implementación un promedio de 56 meses.
·
Qué se tiene
proyectado que para finales de abril de 2016 únicamente en 10 estados el
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, opere de manera total, es decir en todo
el territorio y para todos los delitos en Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán y
Zacatecas.
· Qué desde 2010,
un año y medio después de la publicación de la reforma constitucional el
Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, contempla un monto para apoyar
los procesos de implementación del SJPA, a través de un subsidio y, se observa
que, entre 2010 y 2015, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para
la implementación del Sistema de Justicia Penal, SETEC, ha distribuido $3, 510,
092, 861, 60 millones de pesos.
· Qué en 2015, las
entidades federativas mayormente beneficiadas fueron: Estado de México con $60,
000, 975, 09 millones para 24 proyectos; la CDMX, $43, 132, 364. 86 millones
para 21 proyectos y Nuevo León $38, 913, 505. 40 millones para 15 proyectos.
·
Que se estima
que a nivel nacional llevará un promedio de once años alcanzar el nivel óptimo
para que el SJPA opere de manera eficaz y adecuada, entre otras más.
“Los viejos
hábitos siempre son los últimos en morir”
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