EXIGE COMISIÓN PERMANENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y ESTADOS ACCIONES CONCRETAS PARA FRENAR EL ROBO DE COMBUSTIBLE
La Comisión Permanente urgió al Gobierno de la República y a las entidades federativas a tomar las acciones necesarias para revertir el robo de combustible, y evitar el alto costo en vidas humanas, el económico, e incluso el de seguridad, pues, actualmente, el robo de combustible, se estima, que el 20 por ciento está bajo control de la delincuencia organizada.
En el apartado de agenda política, los legisladores debatieron sobre el incidente provocado por el robo de combustible en Puebla.
La diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Panal, dijo que
el Estado mexicano no ha sabido poner fin a este tipo de acciones, que
no sólo ocasionan un daño al patrimonio nacional, sino que también han
puesto en peligro la vida de miles de personas y de comunidades enteras.
Indicó que su grupo parlamentario se compromete a dotar al Estado de herramientas jurídicas necesarias para acabar con el robo de combustible.
Lamentablemente, señaló, la delincuencia ha rebasado a la autoridad
como en este caso ha acontecido. Afirmó que, según Petróleos Mexicanos
(Pemex), este delito genera pérdidas por más de mil millones de pesos.
El
diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Ciudadano, consideró que es momento de llamar la atención a
la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Policía Federal
(PF) para que cumplan con su deber “y dejemos de ver estas atrocidades”.
Salta
a la vista, dijo, que comunidades enteras del estado del Puebla viven
del delito, del robo y nadie dice nada, lo ven como algo normal. Por eso, agregó, alarma
esta base social y preocupa la tolerancia al delito; no debemos
permitir eso, hay que reflexionar y hacer un exhorto al poder Ejecutivo
para que cumpla con su deber.
La
coordinadora de los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, Rocío
Nahle García, dijo que este tema se ha dejado crecer por más de una
década. Puso como ejemplo que, en 2009, se registraron 13 mil 259
millones de litros de hidrocarburos perdidos y, en 2012, aumentó a más
de 18 mil millones, lo que equivale a más de 62 mil millones de pesos.
Refirió que, en 2016, el robo de combustible se
incrementó de manera alarmante al registrar 30 mil millones de litros.
Acusó que esto sucede debido a que existe una corrupción de la clase
política, altos funcionarios de Pemex, personajes del crimen organizado y
huachicoleros de todas las regiones para permitir el robo de combustible.
En
este sentido, el senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario
del PT, aseguró que la ordeña de ductos de Pemex tiene uno de sus
orígenes en la corrupción entre esa empresa y servidores públicos de los
tres niveles de gobierno; además, agregó, esta situación no sólo se ha
convertido en un fenómeno criminal, sino también de carácter social.
Quienes
roban hidrocarburos cometen un delito grave, pero la falta de castigo
es uno de los principales incentivos para que esta actividad se realice y
expanda: segmentos sociales del “Triángulo rojo” en Puebla participan
en la ordeña, transporte, distribución, almacenamiento y venta de combustibles robados, de ahí, que el mero envío de fuerzas federales a la zona no resolverá el problema.
La
diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del PVEM, indicó que
Pemex pierde todos los días alrededor de 27 mil barriles diarios como
resultado del robo de combustibles, que llevan a cabo las bandas de delincuencia organizada.
Expresó que es fundamental redoblar esfuerzos y trabajar de manera seria un programa enfocado en el combate al robo de combustibles, tomando conciencia del inmenso daño y peligro que provoca en la sociedad.
En
tanto, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna
Luna, refirió que en los dos primeros meses del 2017, se realizaron mil
646 tomas clandestinas; en promedio diario, los grupos delictivos han
realizado 28 perforaciones en el mismo lapso de tiempo, “nueve
perforaciones más, diarias, que el promedio en 2016”.
No podemos centrarnos únicamente en la acción delictiva de las personas que roban combustible,
es necesario ampliar la mirada de este fenómeno hacía las causas
estructurales que han facilitado la proliferación de los grupos
delictivos que lo cometen, puntualizó.
Para
erradicar el problema, el diputado Javier Antonio Neblina Vega, del
Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que se requiere una solución
integral, voluntad política y aplicación estricta de la ley, terminar
con la corrupción en Pemex y la complicidad de servidores públicos.
Exhortó
a aprobar un dictamen en la materia, enviado al Senado durante la
última semana del periodo ordinario. Asimismo, consideró necesario un
plan de prevención integral de largo plazo para terminar con el robo de
gasolina, así como programas de empleo específico para las comunidades
donde se presenta esta actividad ilícita.
Por su parte, el diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó las pérdidas por el robo de combustible,
que ascienden aproximadamente entre 15 a 20 millones de dólares al año
y, en consecuencia, disminuye la recaudación de IEPS por la compra de
gasolina.
Este
delito afecta al patrimonio y lacera las instituciones del Estado
mexicano y pone en riesgo a familias y no se puede tolerar ni permitir;
por lo que celebró y respaldó la decisión del Ejecutivo Federal para
combatir frontal e integralmente a la delincuencia organizada que ha
gozado de total impunidad en Puebla.
El
diputado del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, subrayó que para detener
este ilícito se requiere inteligencia policiaca, pues más de 80 por
ciento del robo de combustibles se
debe a que personal de Pemex y, en especial de dirigentes del sindicato
petrolero, participan en este tipo de acciones, a través de información
que se manda a bandas delictivas sobre cuándo cierran los ductos, qué
tanto se bombea y se conduce.
Se
debe saber qué medidas y decisiones toma el Estado mexicano, consideró,
principalmente Pemex, y es necesario que informe sobre las inversiones
que piensa realizar para modernizar sus esquemas de monitoreo,
conducción, flujo de combustibles.
También que la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad nacional
(CISEN) informen que se hace al respecto; y que la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) valore en qué medida se debe continuar con el
calendario de apertura del mercado en el otorgamiento de ductos.
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